Trayectorias internas

Llegar a Ecuador y solicitar refugio es una medida desesperada de quienes logran sobrevivir al conflicto armado colombiano. Para pocas personas “el país vecino” representa una verdadera oportunidad para proteger y rehacer su vida porque cruzando la frontera toman forma otras violencias, casi todas a raíz del desconocimiento sobre la experiencia de la guerra y de las personas que le huyen. 

“Yo sentía miedo, sentía esa persecución porque uno se encuentra aquí gente de Buenaventura que hacen parte de esos grupos”.

“La palabra refugiado es mal entendida. Creen que el refugiado es de la guerrilla o los paramilitares, que es victimario y no víctima”. 

Quienes solicitan refugio regularmente llegan sin dinero y con estrés postraumático como consecuencia de las experiencias violentas de las que vienen huyendo. En esas condiciones continúan la travesía, pero ahora de oficina en oficina, buscando casa, trabajo y escuela para las niñas y niños. Estos trayectos no se miden en kilómetros sino en frustración acumulada.

“Uno sin dinero le toca pegar a la parte más cercana. No venimos a estar aquí, la situación lo obliga a uno a emigrar para acá. Sufrimos violencia y discriminación allá y aquí. Llegué sin plata, sin conocer a nadie, no le dan trabajo a uno y en sí no hay trabajo. Es muy duro ser negro y extranjero, aquí la gente es muy racista. No son todos pero la mayoría. Le hacen trabajar y no le pagan”.

“Cuando llego aquí a Ecuador, hago los trámites y empieza mi proceso pero he tenido bastante discriminación y xenofobia por ser negro. He sufrido maltrato físico, me han escupido, me dicen ‘negro asqueroso andate pa’ tu país, ustedes han venido a quitarnos el bocado acá’. Yo me encuentro con otros colombianos con el mismo proceso y formamos un grupito con el que íbamos a todas las entidades pidiendo comida, ropita, colchones y cosas así”.

“Todo ese maltrato y racismo lo acompleja mucho a uno aquí. Duramos 15 días en la calle vagando y durmiendo en los parques con mi esposa y la niña. He estado luchando, subiendo y bajando”.

“Integrarse” a la sociedad ecuatoriana es una promesa todavía imposible de cumplir y las experiencias de este centenar de personas muestran no solo la limitación de las respuestas estatales y organizacionales sino cómo el racismo institucional y social revictimiza y expone a estas personas a nuevas agresiones y situaciones inseguras. En el archivo de respuestas indolentes están las de quienes les sugirieron irse a la provincia de Esmeraldas para “mimetizarse” como las de quienes les ofrecieron trabajos mal pagos o inseguros en Santo Domingo, Quito y Guayaquil.

“Una vez hablé con un canciller y le tendí la mano y me miró de arriba a abajo y casi salió corriendo”.

“No estamos aquí para llevarnos los dólares, nosotros venimos sinceramente es para salvaguardar nuestra vida y la de los niños. Yo me crié sin papá y siempre pienso que es duro… Un día amanecimos y no teníamos ni 10 centavos para comprar unos fósforos, me dio tanta tristeza y mirar atrás y el ahora es muy duro. Dije yo, vámonos. Yo sé que al pueblo del que soy no puedo llegar, tampoco a Buenaventura puedo llegar. Y yo le dije a mi esposa vámonos y que me maten… y ella me decía  que tratemos de salir adelante”. 

“Las entidades tienen un corazón muy duro. Cuando se acaba el programa queda uno dando vueltas y esas entidades ni lo voltean a mirar”.

“Hasta acá llegó la persecución, hemos recibido panfletos y audios, hemos denunciado, pero dicen que no pueden hacer más. Nos han propuesto irnos a Guayaquil y sabemos que es Puerto y no nos conviene porque está en contacto con Buenaventura”.

Vivir el refugio en Ecuador usualmente implica dedicarse al trabajo informal en las calles para sobrevivir. Por eso temen ser identificadxs por integrantes de grupos armados colombianos que operan en Quito, especialmente en los sectores de La Marín y El Ejido. Al intentar denunciar los hechos de violencia, éstos fueron minimizados y desatendidos por las autoridades, tanto de ACNUR como del Estado ecuatoriano.

“A una de las compañeras le llega un escrito debajo de la puerta con una lista, una foto con un círculo en la cabeza de cada uno… Entonces fuimos a ACNUR  y nos dijeron que no tenía cómo colocarnos un policía a cada uno, nos dieron un mes de arriendo para cambiarnos de barrio…”

“Fueron a buscar a mi hijo al colegio con armas y nos movimos de barrio y aquí en Ecuador estamos muy insegurxs. Ya hemos tenido amenazas y como madre es muy preocupante. No tenemos ninguna seguridad y vamos de un lado a otro intentando estar seguros”. 

“Estábamos vendiendo las papas y vimos a alguien de Buenaventura y nos empezó a perseguir… y fuimos a ACNUR porque no nos habían llamado todavía para darnos la cita… y por eso nos unimos al plantón”.

Quienes cuentan sus experiencias han vivido en Ecuador desde 5 meses hasta más de una década, y en todos los casos la discriminación y la inseguridad son situaciones reiteradas y sin aparente solución a corto plazo, incluso en casos donde la reintegración fue relativamente posible.

“La transición fue buena, hemos prestado un servicio, nos hemos integrado, tuvimos negocio, nos fue muy bien, pero fui revictimizado por una de las instituciones que debía protegerme. Hicieron un video que publicaron y así me identificaron mis perseguidores. La vida se me convirtió en una odisea. Acá ya estuve integrado y no me fue mal, pero mis perseguidores están aquí. Aquí hay exguerrilleros y exparamilitares. Tenemos una carga emocional difícil de lidiar con los niños y lo que queremos es dejar un precedente para que quienes vengan a pedir esta ayuda internacional no pasen por lo mismo”.

Juntarse fue para las 38 familias una manera de visibilizar y llamar la atención sobre sus vidas expuestas. Estar juntos en el campamento frente a las oficinas de ACNUR en Quito les daba la fuerza que les quitaron las respuestas de manual de los organismos internacionales y los oídos sordos del gobierno nacional. Aún así, en una acción coordinada, el campamento fue desalojado con un gran despliegue policial, y con esta acción comenzó un nuevo ciclo de tres meses de errancia que incluyó: moteles en lugares inseguros asignados por HIAS, parques, una iglesia, varios albergues municipales, una escuela y los alrededores de la Cancillería Ecuatoriana. IGR

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La vida en dónde

18 de mayo, 2020: la Corte Constitucional de Ecuador selecciona la resolución que negó medidas cautelares al colectivo de personas refugiadas colombianas (2 de agosto, 2019) en base a cuyos testimonios hemos construido este archivo. El colectivo había solicitado dichas medidas para evitar ser desalojados de albergues municipales que ocupaban en ese momento. Hoy, la Corte Constitucional debe emitir una sentencia en la que revise si la actuación del juez fue adecuada a principios y derechos constitucionales. Esta puede ser una oportunidad para que la Corte Constitucional, como el máximo órgano de justicia del país, determine los alcances de la protección a las personas refugiadas en Ecuador.